La masonería en la lucha por un nuevo ser humano

autor: Grzegorz Kucharczyk

En enero de 2011 el semanal liberal francés Le point publicó un artículo bajo el significativo título de «Los masones. La mano invisible». Dicho artículo denunciaba que el lobby masónico había conseguido una influencia capital sobre la toma de decisiones fundamentales en la política, en la jurisprudencia y en los negocios que se ejercían sobre el río Sena.

En ese texto de Le point apareció también la información de que las filas de la élite gubernamental francesa estaban llenas de masones. En el semanal se mencionaban los apellidos de ministros importantes del gobierno francés de entonces, así como de personas del círculo más estrecho del presidente Sarcozy. Le Point, un medio que –recordémoslo– es una de las publicaciones mainstream, alertó a sus lectores de que una representación tan grande de miembros de una asociación secreta (como es sin duda alguna la masonería), que ocupaban los puestos más destacados del gobierno, ponía en peligro la eficiencia del funcionamiento del estado. En este contexto los autores del mencionado artículo recordaron el famoso caso (acaecido en Francia en 2008) de la escandalosa sentencia judicial en virtud de la cual se le concedió a Bernard Tapie, hombre de negocios conocido por sus −por decirlo de forma eufemística− intereses poco transparentes (siendo presidente del club de fútbol Olympique de Marsella se le condenó por haber amañado unos partidos, por ejemplo), una indemnización abultada, procedente de las arcas del estado. Le Point constató, sin andarse por las ramas, que era posible explicar fácilmente esa sentencia, si se tenía en cuenta el que tanto Tapie como los jueces eran masones. En 1997, un informe del Home Office británico (Ministerio de Interior), de cuando el partido izquierdista Labour Party de Tony Blair ya había formado gobierno, ordenó a los jueces y a los policías que revelaran su afiliación (o la ausencia de ella) a la masonería. En 1998 el ministro de Interior del Partido Laborista, Jack Straw, emitió una disposición análoga que obligaba a los recién contratados por la policía y en la jurisprudencia a que presentaran declaraciones obligatorias, mientras que los que habían sido empleados en dichos puestos antes de que la disposición entrara en vigor declararían de forma voluntaria. Tal y como informó la prensa británica pasados unos años, la susodicha disposición del jefe del Home Office fue prácticamente boicoteada por los citados sectores profesionales.

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