La larga historia de las guerras de la cultura

autor: Grzegorz Kucharczyk

Los liberales acuñaron el lema “separación Iglesia-Estado”, pero en el fondo la política que estaban ejecutando no perseguía la separación, sino la sumisión de la Iglesia al Estado (“moderno”, es decir, laico).

Un poder fuerte, un viejo sueño de los liberales

 

  El proyecto de crear un “hombre nuevo”, elaborado y puesto en marcha por los revolucionarios franceses, halló su continuación durante el s. XIX en “las guerras de la cultura” que se desencadenaron por Europa, desde Alemania hasta Portugal.

 

Este concepto proviene del Kulturkampf (traducido literalmente: “lucha de la cultura”), que provocó Bismarck en la Alemania de los años 70 del s. XIX, y que estuvo fuertemente respaldado por los liberales alemanes. No solo en Alemania el concepto de libertad, tal y como lo entendían los liberales de aquella época, era equivalente a construir el así llamado “estado moderno”. No obstante, la medida básica de esa “modernidad” consistió en una guerra a muerte declarada contra la Iglesia Católica, vista como la personificación del “oscurantismo y retroceso”. Para la “modernidad” y también para la libertad era necesaria, pues, la mano de hierro del Estado, que en los sucesivos entreactos de esa “guerra de la cultura” seguía ampliando constantemente además el ámbito de sus competencias. Se llegó, pues, a que en “las guerras de la cultura” del s. XIX ―del mismo modo que en “las guerras de la cultura” actuales―, categorías tales como la libertad para elegir el propio camino en la vida (por ejemplo, optar por el camino de la vocación religiosa), o el derecho absoluto de los padres a educar a sus hijos de la manera que ellos consideren conforme a su conciencia (por ejemplo, en colegios dirigidos por la Iglesia); esas categorías fueron tratadas por las élites liberales en el Gobierno como irrelevantes desde el punto de vista del fin supremo que era instaurar ―con la ayuda de una legislación especial y de patrullas de gendarmería―, «una cultura nueva y mejor». Los liberales propugnaban el lema de la “separación Iglesia-Estado”, pero en el fondo, la política que estaban realizando no perseguía la separación, sino la sumisión de la Iglesia al Estado (“moderno”, es decir, laico).

 

  El Kulturkampf alemán: la alianza de Bismarck y los liberales

 

        El proceso de la Unificación de Alemania se llevó a cabo gracias a las victorias de Prusia, de mayoría protestante, sobre dos países católicos: Austria (1866) y Francia (1870). Como consecuencia de ello, en muchos círculos liberales y protestantes surgió la idea de que el nuevo Reich Alemán no solo había demostrado la superioridad de las armas prusianas, sino también la superioridad de la cultura protestante sobre la atrasada y anticuada cultura católica. Sobre esto escribirían los historiadores alemanes más importantes de la época (por ejemplo, G. Droysen, H. Sybel y H. Treitschke), para quienes las victorias de Prusia en las batallas de Sadowa y Sedán fueron a la vez una victoria «del espíritu de 1517» (es decir, del espíritu de la Reforma), sobre el «espíritu romano». En la prensa liberal y protestante se decía que en 1871 se había fundado «el imperio evangélico del pueblo alemán», para diferenciarlo del católico, el Sacro Imperio Romano Germánico, que había existido hasta 1806.

 

La lógica de los liberales era, por tanto, sencilla: ya que el Estado prusiano (alemán) había demostrado en los campos de batalla su superioridad sobre los «romanitos» (como se llamaba de forma despectiva a los católicos en aquellos círculos), había que hacer cualquier cosa para defender la patria alemana del peligro que suponía el «espíritu depravado romano», y al mismo tiempo inundar la Alemania unificada con una cultura «más alta» (léase: protestante y liberal). Como declaraba en 1872 en el Parlamento prusiano el autor del término Kulturkampf, Rudolf Virchow, uno de los padres de la Fisiología alemana y a la vez diputado liberal: «a lo que no sea alemán, a lo romano y a lo ultramontano, tenemos que oponernos [...]; lo trato como un deber real puesto ante nuestros tiempos actuales, para vencer a este ser extraño que se cuela entre nosotros, apareciendo bajo la forma de este partido [Nota del autor: el Partido de Centro católico, Zentrum] como un cuerpo independiente en nuestro Parlamento».

 

El fanatismo ideológico de los liberales confluyó pletamente con los intereses políticos concretos de Bismarck, a quien le interesaba, en la medida de lo posible, un debilitamiento importante del llamado catolicismo político en Alemania y de la propia Iglesia. Toda una serie de leyes de carácter extraordinario, aprobadas en la década de los años 70 del s. XIX por el Parlamento prusiano y el Reichstag alemán, fueron decretando de forma sistemática la desaparición de la Iglesia del sistema educativo, y de modo simultáneo mediante una profunda injerencia del Estado en la autonomía interna de la Iglesia (empezando por la supresión de la mayor parte de las congregaciones religiosas, hasta inmiscuirse en la formación de los seminaristas en los seminarios).

 

A finales de los años 70 del s. XIX, en Prusia ―el mayor Estado del Reich, que se extendía desde el Rin hasta el río Pregolya―, la mayoría de los obispos católicos estaban encarcelados o exiliados, mientras que cientos de parroquias se quedaron sin sacerdotes (lo cual luego significaría, por ejemplo, que se privó a los ciudadanos del derecho a casarse por la Iglesia o al entierro católico).

 

En los años 80 del s. XIX, Bismarck suprimió parcialmente las normas más restrictivas de represión dirigida contra la Iglesia, aunque resulta difícil hablar aquí de una renuncia total a la lógica de la “guerra de la cultura” anticatólica. Por ejemplo, todavía hasta 1917 siguió vigente en todo el territorio del Reich una ley que prohibía permanecer dentro de sus fronteras a los miembros de la Compañía de Jesús, incluso si se trataba de ciudadanos alemanes.

 

En los territorios ocupados por Prusia, el Kulturkampf revistió la forma de un capítulo más en la política de germanización del pueblo polaco. Las autoridades prusianas (Bismarck en persona) eran conscientes de que la Iglesia situada entre los ríos Varta y Vístula desempeñaba el papel de depositaria de las tradiciones nacionales polacas, de su lengua y de su cultura. Así pues, el “Canciller de hierro” pudo convencerse de hasta qué punto «los prusianos que hablan polaco» ―como se llamaba a los polacos de los terrenos ocupados por Prusia―, se habían decantado mayoritariamente por el bando de la Iglesia perseguida. Perseveraron tanto junto a sus párrocos, expulsados de las parroquias por la gendarmería prusiana, como junto al arzobispo de Poznań-Gniezno, Mieczysław Ledóchowski, que había sido arrestado. La derrota de Bismarck durante el Kulturkampf en los territorios ocupados por Prusia ―como subrayan unívocamente los especialistas en esta materia―, se debió en gran medida a que se despertó la conciencia nacional de Polonia en todas las capas de la sociedad polaca que habitaba en los territorios ocupados por Prusia.

 

  Las campañas anticlericales en la III República francesa

 

  El Kulturkampf de Bismarck halló muy pronto sus seguidores en Francia, que desde 1875 volvía a ser una República. En 1876, los liberales de diverso matiz se hicieron con la mayoría en el Parlamento francés, unidos en el ámbito de una gran “diócesis sin fronteras” (es decir, de las logias masónicas), y sin dilación se pusieron a decretar leyes anticatólicas. A caballo de los años 70 y 80 del s. XIX, esas leyes perseguirían sobre todo ―siguiendo el modelo alemán–, privar a la Iglesia de cualquier tipo de influencia sobre la educación de los jóvenes franceses. Se decretó que la enseñanza iba a ser desde entonces obligatoria, gratis y laica (o sea, anticatólica).

 

También se modificaron convenientemente los manuales escolares. Desde aquel momento tenían que reflejar la ideología que inspiraba a los creadores del programa obligatorio de laicización. Dicha ideología se sustentaba en la llamada teoría de la existencia de dos Francias. La primera, atrasada y «arraigada en el atrio de la iglesia», la Francia de las cruzadas, la de la Noche de San Bartolomé y del Rey Sol; y la segunda, moderna y civilizada, para la cual su acto fundacional había sido la Revolución Francesa y la proclamación de la Primera República en 1792.

 

Para la realización de este objetivo ideológico mereció la pena e incluso hubo que sacrificar algunos derechos fundamentales de los ciudadanos. «No puede ser maestro una persona que, por voluntad propia, se aparta de la sociedad y hace voto de que no va a tener nada en común con ella. [...] En el momento en el cual desaparece la personalidad ciudadana, desaparecen igualmente las prerrogativas ciudadanas»: ésta es la opinión que manifestó Émile Combes, primer ministro francés entre 1902 y 1905, quien favoreció una política especialmente drástica de laicización en Francia. Por aquel entonces se cerraron en masa escuelas católicas y se expulsó de Francia de modo forzoso a las congregaciones religiosas. En múltiples casos, «la chifladura anticlerical del señor Combes» (así describía entonces su política la prensa polaca) adquirió la forma del empleo masivo de la policía y la gendarmería, o bien se sitiaban regularmente monasterios y casas conventuales, a su vez defendidos por fieles laicos que rodeaban aquellos edificios formando una muralla humana. Igual de elocuente era el grito: «¡Viva la libertad!», que invariablemente acompañaba a los monjes hacia el destierro, escoltados por sus fieles.

 

Como ya hemos visto, el progreso y la civilización, por el contrario, debían ser instaurados «con sangre y hierro». Pero también al precio de espiar a los ciudadanos “insubordinados”. Combes abandonó el cargo en 1905, debido al llamado “Affaire des Fiches”, el escándalo del fichero masónico. Consistió en que el Gobierno había empezado a reunir datos confidenciales sobre los oficiales del Ejército francés. Desde el punto de vista de la seguridad del Estado laico, lo importante era la información sobre si esos oficiales iban a Misa, si mandaban a sus hijos a colegios religiosos, o si había sacerdotes en sus familias. Para echarle más leña al fuego, la misión de recoger esos datos, introducidos en ficheros especiales, se había encomendado a las logias masónicas. Aquellos oficiales que, basándose en esas fichas, fueron calificados de “clericales” (ya que, por ejemplo, iban todos los domingos a Misa), no podían contar con un ascenso en su carrera militar.

 

Ya después de que Combes dimitiera, en 1905, la mayoría liberal en el Parlamento francés forzó la aprobación de la Ley de separación de la Iglesia y el Estado. Esta ley confirmaba los “logros” alcanzados hasta entonces por la república laica, estableciendo además que toda propiedad de la Iglesia (incluidos los edificios religiosos), pasara a manos del Estado. Desde entonces, la administración de los templos tenían que realizarla unas «Asociaciones de Culto», en las cuales podían inscribirse todos los ciudadanos (también los ateos). Antes de que estas asociaciones se hubieran apropiado de las iglesias, el Estado laico había realizado en los años 1906-1907 un inventario de los bienes de la Iglesia. Los funcionarios, escoltados por gendarmes, querían inventariarlo todo en las iglesias, incluso el contenido de los sagrarios. En muchas localidades de Francia los fieles formaron murallas humanas alrededor de sus templos, porque debido a la manera en que se había pensado el “inventario”, corrían sencillamente el riesgo de ser profanados. Entre los defensores de las iglesias frente a los funcionarios del Estado laico hubo víctimas mortales.

 

  El rostro anticatólico del Risorgimento

 

        En los países románicos, la “guerra de la cultura” liberal fue un proceso que duró varias décadas, habiéndose iniciado a mediados del s. XIX. En la Península Itálica transcurrió en paralelo con el proceso de la unificación política de Italia, es decir, con la anexión de los sucesivos estados por el Piamonte (incluidos los Estados Pontificios, que existían desde hacía más de mil años). Desde los años 50 del s. XIX, el primer ministro del Piamonte, Camillo Benso, conde de Cavour, apoyó esta empresa. Este político liberal (y al mismo tiempo masón) no solo fue el artífice de la exitosa estrategia de extender la influencia de su país dentro de las fronteras de Italia. También acuñó la frase: «Iglesia libre en Estado libre», que iba a ser su lema respecto a las relaciones Iglesia-Estado. No obstante, al examinar las decisiones políticas concretas tomadas en este ámbito por Cavour y sus sucesores ―ya tras el nacimiento del Reino de Italia en 1861―, cabe afirmar que todo aquello no fue más que palabrería propagandística. En realidad, bajo el primer Gobierno de Cavour, entre 1852 y 1855, se llevó a cabo en el Piamonte una meticulosa supresión a gran escala de órdenes religiosas y la confiscación por parte del Estado de los bienes de la Iglesia. Como siempre ocurre en el caso de los partidarios de implantar la separación Iglesia-Estado, ante todo de lo que se trataba era de separar a la Iglesia de sus bienes.

 

Esta política, como ya hemos mencionado, se continuaría igualmente tras la Unificación de Italia. En los años 70 del s. XIX, los sucesivos gobiernos italianos observaban con atención el Kulturkampf alemán y trasplantaron su “herencia” al otro lado de los Alpes, introduciendo, por ejemplo, el matrimonio civil obligatorio y expulsando a la Iglesia del sistema educativo. El programa del Risorgimento (es decir, de la unificación política de Italia) estuvo, pues, profundamente marcado por el anticatolicismo y, sobre todo, por la aversión al papado. En las críticas dirigidas contra los sucesivos papas del s. XIX, los líderes del Risorgimento ―a menudo de proveniencia carbonaria o masónica―, les reprochaban su postura antipatriótica, es decir: la falta de ganas de esos sucesivos papas para unirse a la lucha por la unificación, lo cual en la práctica hubiera significado, por ejemplo, que el Obispo de Roma declarase la guerra contra la católica Austria o contra la monarquía católica de los borbones en las Dos Sicilias. Cosa, claro está, no sólo impensable para cualquier Papa, sino también imposible de llevar a cabo.

 

  La “guerra de la cultura” en la Península Ibérica

 

Al otro lado de los Pirineos, el inicio de la laicización efectuada desde las altas esferas del Estado se produjo en Portugal, a partir de 1910. El derrocamiento de la monarquía en ese país, como consecuencia de un golpe de estado armado, dejó el Gobierno en manos de políticos republicanos, anticatólicos convencidos, los cuales, al poco de hacerse con el poder, se pusieron a ejecutar su propia versión del “combate de la cultura”. En Portugal su principal arquitecto y ejecutor fue Afonso Costa, quien además no disimulaba su fascinación por la persona y la política del primer ministro francés E. Combes (de ahí que también le llamaran «el pequeño Combes», con el cual igualmente le unía pertenecer a la masonería).

 

Todavía en 1910 se expulsó de Portugal a la mayoría de las órdenes religiosas (los primeros fueron los jesuitas, la auténtica bestia negra para todos los laicistas), se confiscaron los bienes de la Iglesia, se echó a los capellanes del Ejército y de los hospitales, y los crucifijos desaparecieron de todos los edificios públicos. Bajo pena de cárcel se prohibió incluso el «culto ostentoso». Dentro de este parágrafo se incluían todas las procesiones (por ejemplo, las del Corpus), pero también rezar en público el Santo Rosario. En 1911, siguiendo el modelo francés, se decretó formalmente la separación de la Iglesia y el Estado. Las protestas de la Iglesia fueron reprimidas de forma brutal. A finales de 1911 no quedó en Portugal ningún obispo. Todos, con el Patriarca de Lisboa a la cabeza, fueron exiliados por el poder republicano. Por eso, la aparición de la Virgen en Fátima en 1917 fue ―se podría decir― un doble milagro; aunque, como sabemos, la Virgen María, animando a rezar el Rosario, estaba solicitando una acción prohibida por las autoridades del Estado laico. Lo cual, por otra parte, explica los esfuerzos de las autoridades estatales, orientados a minimizar, burlarse y, al fin y al cabo, mentir sobre los sucesos que estaban acaeciendo en Fátima.

 

En España, la política de anticatolicismo radical se inició con el momento de la proclamación de la República, en 1931. Su modelo no difiere de los demás aquí mencionados (prohibición de las órdenes religiosas, confiscación de los bienes de la Iglesia, laicización del sistema educativo). No obstante, a partir de 1936 la «política de separación» entró en una nueva fase: el exterminio físico de gente creyente (empezando por los obispos y los sacerdotes; en total, en los años 1936-1939 murieron alrededor de 7.000 religiosos). Sin embargo, las persecuciones contra la Iglesia en España entre 1936 y 1939 hay que tratarlas como un capítulo de la política de laicización en versión comunista. El legado de la “guerra de la cultura” republicana, incluso antes de que estallara la Guerra Civil en España, sirve actualmente de modelo a la política calificada como zapaterismo.

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